¡POR ALLÁ LLUEVE..Y POR AQUÍ?

La Consejería de Educación pretende reforzar la autoridad y el respeto a los docentes a través de la reforma que está preparando de los reglamentos de organización de los centros. "Nos estamos mojando a favor del profesorado", dijo ayer la consejera de Educación, Mar Moreno, en referencia al debate abierto sobre este asunto. La Comunidad de Madrid pretende que los maestros y profesores estén reconocidos en su normativa autonómica como "autoridad pública", lo que supone que las agresiones a los docentes sean consideradas como atentado. Andalucía no llegará tan lejos. Pero sí "promoverá ante la fiscalía la calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que se produzcan contra el profesorado" cuando esté trabajando. Los fiscales andaluces llevan tiempo aplicando esta medida en el caso de docentes y personal médico.

La Junta también tiene previsto otorgar al profesorado la "presunción de legitimidad" ante la Administración "en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos". Además, cuando se produzca una agresión a un docente, los consejos escolares podrán reprobar estas conductas. Educación prestará asistencia jurídica y psicológica a los docentes que se vean envueltos en un proceso judicial, algo que en este momento ya ocurre. La reforma de los reglamentos de organización también incluirá una carta de derechos de los profesores. Tendrán, por ejemplo, derecho a "recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad". Los docentes también deberán recibir el "respeto del alumnado". Y los estudiantes tendrán que asumir "su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad". Los docentes deberán recibir "el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educativa y la sociedad".

La reforma de los reglamentos orgánicos supondrá además una actualización del régimen disciplinario de los centros. Según detalló ayer Moreno, está previsto que se incluyan como faltas graves o muy graves el acoso escolar reiterado contra algún alumno o difundir agresiones o tratos vejatorios a través de Internet.

Los reglamentos -que ahora Educación negociará con todos los sectores del sistema educativo- también prevén un "refuerzo del papel de las familias". Los padres podrán firmar compromisos individuales sobre la educación de sus hijos o sobre asuntos de convivencia. Esta posibilidad ya estaba recogida en la Ley de Educación (LEA), aunque no se había regulado. Los consejos escolares, que ganarán peso, harán un seguimiento de estos compromisos.