La cohesión social, la igualdad de oportunidades y la justicia han sido los motores clásicos para intentar que cada persona, cada joven estudie lo máximo posible. A este argumento se le fue uniendo otro que apela más a la rentabilidad colectiva: el crecimiento económico en la sociedad del conocimiento requiere una población cada vez más formada. La mezcla de ambos es una obsesión en los países desarrollados, que buscan fórmulas para erradicar o, al menos, mitigar el principal obstáculo: el número de jovenes que dejan de estudiar tras la escolarización obligatoria -muchos ni siquiera consiguen obtener el título más básico-. Si les ocurre a países como Reino Unido o Francia (con un 13% de abandonos) mucho más a España (con más del 30%).
Mejorar la calidad de la enseñanza con más medios, ofrecer otras vías de escolarización y de reenganche para los que abandonaron e, incluso, pagar a los más pobres, con mayor riesgo de exclusión, para que sigan estudiando son algunas de las estrategias posibles. Pero hay una que cíclicamente se coloca sobre la mesa, que consiste en obligarles a que estén más tiempo en el sistema, es decir, aumentar la edad de escolarización obligatoria, que en España, pro ejemplo está en los 16 años y en Colombia hasta noveno grado.
Esta idea es para algunos una auténtica locura por inviable, ineficaz y contraproducente. Obligar a permanecer en las aulas a jóvenes de 16 y 17 años que no quieren estar en ellas provocaría graves problemas en las aulas y ni siquiera sería beneficioso para ellos, opinan expertos como el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Julio Carabaña. Para otros, como el profesor de la Universidad de Barcelona Francesc Raventós, aunque causase "problemas menores", también puede ayudar a "resolver problemas mayores", como esa alarmante cifra de abandono escolar. Y recuerda que ese aumento hasta los 18 años ya se ha llevado a cabo en países como Alemania, Bélgica u Holanda. También en un buen número de Estados de EE UU, Hungría Polonia e Israel. Otros países, como Portugal o Reino Unido, planean hacerlo.
En España, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, volvió a abrir la espita del debate, al sugerir la posibilidad de aumentar de los 16 a los 18 años la edad de escolarización obligatoria.
El profesor de la Universidad de Toronto Philip Oreopoulos se plantea esa duda en un reciente estudio. Tras analizar las subidas de la edad de escolarización obligatoria que han hecho muchos Estados de EE UU (en 28 de ellos, la edad mínima está en 17 o 18 años), se responde a sí mismo, como Raventós: "Da más beneficios que problemas", sobre todo si "va acompañada por esfuerzos para hacer que esos años extra sean más productivos y aceptables para aquellos que realmente no quieren estar en la escuela", dice por correo electrónico. Oreopoulos calculó en su trabajo que un año más de escolarización obligatoria aumenta de media un 10% la riqueza que obtendrá una persona a lo largo de su vida, que las tasas de abandono escolar caerán un 1,4% y las de matriculación en la escolarización posobligatoria subirán un 1,5%.
Pero no todo en la vida es estadística y, ésta, además, es muy discutible, según Julio Carabaña. Los datos son tan interpretables que las predicciones se convierten en muy débiles, asegura. Además, como admite el propio Oreopoulos, el hecho de que jovenes que no quieren permanecer estén más tiempo en la escuela no significa que vayan a aprender algo. "Se puede escolarizar obligatoriamente a los niños, pero no a los adultos. Si fuera posible, sería contraproducente: los forzados complicarían la vida en las escuelas. Y aun cuando no fuera contraproducente, sería estéril: los forzados no ganarían nada, y mucho menos la economía", dice Carabaña. Sin embargo, Oreopoulos sostiene que hay una parte de alumnos que abandonan, no tanto porque estén hartos de la escuela, sino porque se dejan arrastrar por su entorno y por lo que llama una visión miope, es decir, que las ventajas laborales de la educación quedan tan lejos en el tiempo que no se ven. A estos jóvenes sí les beneficiaría más tiempo de escolarización, asegura.
Pero, por beneficioso que pueda ser, la cuestión sigue tocando temas muy delicados de libertad individual. "¿Hasta qué punto tiene la sociedad derecho a obligar a una persona a permanecer escolarizada hasta los 18 años? Por muy importante que sea el conocimiento y por muy beneficiosa que pueda (y digo pueda) resultar la educación, no debemos olvidar que estamos hablando de una forma de institucionalización, de internamiento forzoso a tiempo parcial", dice el catedrático de la Universidad de Salamanca Mariano Fernández Enguita.
Lo que sí dijo el ministro es que no se podría hacer de un día para otro y que el sistema educativo tendría que ser mucho más flexible de lo que es ahora, dando a los alumnos diferentes opciones de estudio y escolarización, algo en lo que coincide el trabajo de Oreopoulos. El profesor de Toronto pone el ejemplo de la provincia de Ontario (Canadá), donde el aumento de la escolarización hasta los 18 se acompañó de un aumento de los programas de FP y de oportunidades de aprobar créditos como aprendices en trabajos o tomando cursos en la universidad. Precisamente, el tiempo parcial es lo que imponen, como mínimo, entre los 16 y los 18 en Alemania, Bélgica y Polonia. En EE UU, la mayoría de los Estados que han subido la edad obligatoria contemplan la posibilidad de eximir a los jóvenes de 16 y 17 años que cuenten con el permiso familiar para dejar los estudios.
Raventós dice que España "no se puede permitir el lujo" de tener un 31% de abandono escolar temprano. El profesor dirigió en 2005 junto a Joaquim Prats un estudio sobre los sistemas educativos europeos y admite que algunos países de los que han aumentado la obligatoriedad hasta los 18, como Alemania u Holanda, tienen en sus sistemas educativos serios problemas de equidad (los alumnos se separan muy jóvenes en caminos estancos que les llevan a la FP o a la universidad), pero asegura que la forma en que esos países abordan sus problemas "les suele dar mejores resultados". También recuerda el gran retraso educativo que se produjo en España por el franquismo. Cuando se empezó a hablar en serio de obligatoriedad hasta los 18 años en Europa, a finales de los ochenta, España todavía tenía el tope en los 14 y poco después, en los noventa, fue cuando se aumentó a los 16. "Pero en la medida que vamos rezagados, debemos hacer unos esfuerzos extra, y no los estamos haciendo", dice. Y remata que, por supuesto, elevar la escolarización obligatoria, aparte de más recursos económicos y humanos, requeriría garantizar la autonomía de los centros, buenos profesores y buenos directores.
Los Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STES) también se refieren a ese retraso, pero al contrario que Raventós, sostienen que el sistema aún no se ha llegado a recuperar del todo del aumento de escolarización hasta los 16, por lo que sugiere hacer las cosas al revés, es decir, mejorar primero lo que ya hay, reduciendo ese gran fracaso escolar, y empezar a hablar de aumentar la edad obligatoria. No sería lo mismo obligar a seguir dos años a un 31% de jovenes que potencialmente preferirían estar en otro lado, que a un 15%, que es la media de abandono en la UE. Así, la medida más ajustada del efecto que podría tener la iniciativa en España la dará Portugal (con un 36% de abandono) que quiere elevar la obligatoriedad a los 18 en 2012.
"Si lo que quieren es rellenar las estadísticas, que las llenen", insiste Carabaña. Duda de las bondades de los programas de aprendices que existen en Alemania para esos alumnos a tiempo parcial y recalca: "De lo que se trata es de convencer a la gente, no de obligarles". La escolarización ha ido aumentando conforme ha crecido la demanda de educación, dice, y es ahí donde hay que actuar.
A Fernández Enguita una subida de la escolarización obligatoria le parecería "una fuga hacia delante" y desde luego no cree que el problema del fracaso se vaya a arreglar con más de lo mismo, sino con esas nuevas y variadas formas de escolarización, de "combinación de estudio y trabajo y de retorno ulterior y voluntario al sistema educativo", eso sí, no obligatorias, además de una revisión de lo que se hace en las clases. "Lo que hay que hacer, primero, es averiguar qué es lo que expulsa a los jóvenes de las aulas, hasta qué punto se ha divorciado el conocimiento escolar de las necesidades y oportunidades sociales", dice. No hay que olvidar que España es uno de los países en los que menos diferencia salarial supone tener un título superior, y que las distancias son enanas entre los que sólo terminaron la ESO y los que se sacaron la FP de grado medio, aunque las diferencias de paro sí son importantes y las salariales estén aumentando debido a la crisis económica.
En cualquier caso, algunas de esas medidas de las que habla Enguita, mal o bien, se están intentando -en 2008 se firmó un acuerdo entre Gobierno y autonomías contra el fracaso escolar-. Así que la cuestión sería, si merece la pena y si es lícito añadir el empujón coercitivo. El responsable del Informe Pisa de la OCDE, Andreas Schleicher, no se decanta, pero le quita importancia: "Ya hay fuertes incentivos económicos para que la gente permanezca en la escuela y grandes desventajas laborales para los que no tienen ninguna formación. Elevar la edad de escolarización obligatoria puede ser una manera de mejorar los resultados, pero motivar a los jóvenes para seguir en la escuela y ofrecer una instrucción de gran calidad es, por lo menos, igual de importante".
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